Estudiantes de Morelos rechazan aumento al transporte

Estudiantes de Morelos rechazan aumento al transporte

La FEUM advierte que el incremento es una medida regresiva que ignora la crisis de seguridad y el mal estado de las unidades en el estado.

Por Andrés Salas

Cuernavaca, Morelos; 19 de diciembre 2025 – La Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) manifestó su rechazo absoluto ante la intención de aumentar la tarifa mínima del transporte público en la entidad. A través de un comunicado oficial, la organización estudiantil calificó esta medida como un golpe directo a la economía de los jóvenes, subrayando que la comunidad universitaria representa más del 50% de los usuarios diarios en el estado, por lo que cualquier modificación recae de manera desproporcionada sobre ellos.

La dirigencia estudiantil denunció que un incremento del 50% en el costo del pasaje es una medida «regresiva» que pone en riesgo la permanencia escolar de miles de alumnos, especialmente de aquellos en condiciones de vulnerabilidad. Para la FEUM, elevar el costo del transporte en las circunstancias actuales no es una simple discusión técnica, sino una decisión con profundas implicaciones sociales que, en la práctica, termina por encarecer el acceso a la educación en Morelos.

Asimismo, el comunicado enfatiza que las condiciones actuales del servicio no justifican ningún aumento, debido a las deficiencias estructurales en seguridad, mantenimiento y calidad de las unidades. La Federación recordó que han sido críticos permanentes de estas carencias y sentenció que resulta inaceptable pretender elevar el costo del servicio sin que existan avances reales, medibles y sostenidos que garanticen un transporte digno para la ciudadanía.

Finalmente, la FEUM hizo un llamado a las autoridades para que cualquier diálogo sobre las tarifas se realice con transparencia, información pública verificable y, sobre todo, con la inclusión de la voz estudiantil. Sostuvieron que «no puede haber aumento sin mejora» y reiteraron que el transporte debe ser tratado como un servicio de interés social indispensable para el ejercicio del derecho constitucional a la educación.