•La imputada podría enfrentar hasta 12 años de cárcel bajo la nueva Ley General contra la Extorsión.

Cuernavaca, Morelos; 30 de diciembre 2025 – Integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad aseguraron a María Elena “N”, de 62 años, tras ser detectada intentando introducir dos teléfonos celulares al Centro de Reinserción Social (Cereso) Varonil “Morelos”. La detención ocurrió el pasado 27 de diciembre durante el horario de visita familiar, cuando custodios descubrieron los dispositivos de la marca Honor ocultos en la entrepierna de la mujer, quien pretendía entregarlos a un familiar interno.

Este operativo se alinea con la Estrategia Nacional contra la Extorsión y la reciente Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, vigente desde el 29 de noviembre de 2025. Según el artículo 23 de dicha legislación, el intento de ingresar dispositivos de comunicación a centros penitenciarios sin autorización es ahora un delito grave que conlleva penas de entre seis y doce años de prisión, además de multas económicas considerables.

Tras el hallazgo, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos declaró legal la detención de María Elena “N”. Actualmente, la mujer se encuentra bajo la medida cautelar de prisión preventiva, a la espera de su audiencia de vinculación a proceso programada para el próximo viernes 2 de enero de 2026. Este caso marca un precedente en la aplicación de las nuevas reformas constitucionales diseñadas para combatir los delitos de alto impacto desde el interior de los penales.

Las autoridades estatales informaron que, durante el año 2025, se han realizado 22 operativos de supervisión en los cinco Ceresos de la entidad con el apoyo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina. Estas acciones, supervisadas por la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, buscan inhibir la extorsión telefónica y garantizar que los centros penitenciarios no sean utilizados como centros de operación para la delincuencia, reafirmando el compromiso con la paz social en el estado.