•Titulares de la Secretaría de Gobierno y Movilidad comparecen ante diputados.
Cuernavaca, Morelos; 25 de marzo 2026.– En un ejercicio de rendición de cuentas, el secretario de Gobierno, Edgar Antonio Maldonado Ceballos, y el coordinador de Movilidad y Transporte, Jorge Alberto Barrera Toledo, comparecieron ante el Congreso del Estado para detallar los avances del Primer Informe de Gobierno. Durante el acto, el diputado Isaac Pimentel Mejía, presidente de la Mesa Directiva, subrayó que la gobernabilidad y la movilidad son los ejes rectores para la estabilidad social y la calidad de vida en la entidad, enfatizando que solo mediante el diálogo institucional se podrán resolver las demandas históricas de la ciudadanía.
En materia de política interna, Edgar Antonio Maldonado informó que se han realizado 1,516 mesas estatales y regionales para la construcción de la paz. El funcionario destacó la inversión de 73 millones de pesos en el Centro Regional de Identificación Humana y la proyección de cinco nuevos Centros Regionales de Protección Civil, ante el hecho de que solo 12 municipios cuentan actualmente con capacidad para atender siniestros. Asimismo, reafirmó el compromiso del gobierno estatal con los derechos humanos y la atención directa a víctimas y búsqueda de personas desaparecidas.
Por su parte, Jorge Alberto Barrera Toledo expuso el cambio de modelo en la Coordinación de Movilidad y Transporte (CGMyT), centrado en la digitalización y el combate a la corrupción. Informó que en 2025 se gestionaron con éxito más de 210 mil citas y se emitieron cerca de 14 mil 500 licencias. Respecto a la tarifa del transporte público, el funcionario fue enfático al señalar que cualquier revisión estará estrictamente vinculada a criterios técnicos y a una mejora real en la calidad del servicio, además de estudiar posibles subsidios para adultos mayores.
La sesión se tornó crítica durante la ronda de preguntas, donde legisladores de diversas fracciones parlamentarias cuestionaron temas sensibles. La diputada Luz Dary Quevedo (PMC) expresó su preocupación por las más de 800 unidades de transporte que han superado su vida útil y siguen circulando, mientras que el diputado Alberto Sánchez (PT) demandó acciones concretas para que la accesibilidad universal para personas con discapacidad deje de ser un eslogan y se convierta en una obligación técnica y jurídica en las unidades de traslado.
Finalmente, los comparecientes respondieron a inquietudes sobre la regularización de grúas y corralones, la coordinación con los 36 municipios y la implementación de la nueva Ley de Movilidad estatal. Los funcionarios coincidieron en que, si bien existen avances administrativos y tecnológicos, la consolidación de un sistema de transporte seguro y una paz social duradera requiere de un ordenamiento a largo plazo y la armonización pendiente con la legislación federal.