•Reforma al 115 constitucional establece límites estrictos a la reelección y parentesco.

Por Andrés Salas
Cuautla, Morelos; 25 de abril 2026 – En un paso decisivo hacia la profesionalización de la política y el fin de los cacicazgos locales, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo promulgó una reforma constitucional que transforma la integración de los ayuntamientos y las legislaturas estatales. El decreto, que modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Carta Magna, impone candados de parentesco para evitar que familiares directos se sucedan en el poder, además de prohibir de forma tajante la reelección de diputados locales para el periodo inmediato posterior.

En el caso específico de Cuautla, Morelos, esta reforma tendrá un impacto directo en la conformación de su próxima administración municipal. Bajo la nueva redacción del artículo 115, la familia Lezama Barrera no podrá postular a ningún pariente —ya sea por matrimonio, concubinato o parentesco sanguíneo y civil— a una regiduría en el siguiente proceso electoral. Dado que actualmente un miembro de dicha familia ocupa un encargo en el cabildo, la restricción de tres años previos establecida en la ley bloquea cualquier intento de sucesión familiar directa en el cargo.

La reforma también introduce criterios de paridad de género horizontal y vertical, así como de igualdad sustantiva en el ejercicio del poder público. Para los ayuntamientos, se fija un límite de hasta quince regidurías, aunque se respetará la integración actual de aquellos municipios que operen con un número menor. Estas medidas buscan que el acceso a la administración pública sea democrático y no dependa de vínculos consanguíneos o de afinidad con quienes ostentan la titularidad actual.

En el ámbito financiero, el decreto impone una política de austeridad severa al establecer que el presupuesto de las legislaturas locales no podrá exceder el 0.70% del presupuesto total de su estado. Asimismo, prohíbe que altos funcionarios electorales contraten seguros de gastos médicos mayores o pensiones privadas con recursos públicos. Los ahorros generados por estas reducciones presupuestarias no se perderán, sino que deberán destinarse obligatoriamente a obras de infraestructura pública en los municipios.

Finalmente, el decreto establece que el Congreso de la Unión y los estados tienen hasta el 30 de mayo de 2026 para armonizar sus leyes locales con estos nuevos preceptos. Mientras tanto, se aplicarán de forma directa las disposiciones constitucionales para asegurar que en las próximas elecciones ningún funcionario intente heredar su curul o regiduría a familiares cercanos, cerrando la puerta a las prácticas de «nepotismo electoral» que han marcado la política regional durante décadas.