•Junto con él, dos ex funcionarios más fueron vinculados a proceso.
Por Andrés Salas
Cuernavaca, Morelos; 06 de mayo 2025 – La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado de Morelos obtuvo la vinculación a proceso de tres exservidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, pertenecientes a la administración estatal 2012-2018. Se les señala por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio ilícito del servicio público, en lo que constituye la cuarta vinculación a proceso contra exfuncionarios por este caso.
Durante la audiencia celebrada el viernes 2 de mayo de 2025 en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, se presentaron sólidos datos de prueba por parte de la Fiscalía Anticorrupción, lo que derivó en la vinculación a proceso de Einar Topiltzin «N», exsecretario de Desarrollo Sustentable; José Iván «N», exsubsecretario de Gestión Ambiental; y Noé «N», exdirector general de Gestión Ambiental.
A los tres exservidores públicos se les señala por presuntas omisiones en el mantenimiento y operación de la Planta de Valorización de Residuos Sólidos Urbanos, ubicada en el municipio de Xochitepec. Para dicha planta se destinaron recursos públicos por un monto de 39 millones 500 mil pesos; sin embargo, actualmente se encuentra fuera de operación y en estado de abandono.
De acuerdo con la carpeta de investigación, la planta no recibió el mantenimiento estipulado en los programas oficiales. El fiscal a cargo del caso expuso ante la autoridad judicial los manuales técnicos correspondientes, donde se presume el incumplimiento de sus funciones de administración, dirección y supervisión de los programas estatales, incluyendo la Estrategia para la Gestión Integral de los Residuos del Estado de Morelos, lo que habría provocado el deterioro total de la construcción desde 2016.
Por su parte, el exsubsecretario habría omitido la aplicación y evaluación de los convenios relacionados con la gestión de residuos sólidos urbanos, mientras que el exdirector general no ejecutó acciones de supervisión ni coordinación para asegurar el adecuado funcionamiento de la planta.
Estas omisiones derivaron en el abandono total del proyecto al término de la administración, dejándolo inoperante y sin cumplir su propósito ambiental. Además, se identificaron deficiencias como la falta de personal capacitado, ausencia de protocolos técnicos y jurídicos, y la inexistencia de mecanismos de control, lo que provocó un daño directo al patrimonio estatal.
Adicionalmente, se detectó que no se informó al entonces Gobernador del Estado que la planta sería construida dentro de una zona de reserva natural clasificada como selva baja caducifolia, lo cual generó un impacto ambiental negativo en el ecosistema local. Tampoco se previó que la falta de operación adecuada impediría el cumplimiento de su finalidad ecológica.
El juez otorgó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria y dictó como medida cautelar la firma periódica mensual de los imputados ante la Unidad de Medidas Cautelares. En términos del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona imputada goza del derecho a la presunción de inocencia hasta que se demuestre su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez competente.