La Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR) presentó 69 testimonios, 65 documentales y 43 peritajes –un total de 177 indicios de prueba– para apoyar su acusación contra el ex procurador Jesús Murillo Karam por delitos contra la administración de la justicia, tortura y desaparición forzada. De ser declarado culpable, alcanzaría una sentencia hasta de 82 años de cárcel.

El Ministerio Público Federal entregó en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte su planteamiento del caso donde solicita una pena de 60 años de cárcel por desaparición forzada, más 10 por delitos contra la administración de la justicia y otros 12 años por tortura. Todos estos ilícitos los habría cometido durante la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, al intentar sostener su hipótesis, conocida como la verdad histórica.

La FGR intentará probar en el juicio que el ex funcionario incurrió en acciones como torturar a detenidos a fin de que se declararan culpables, falsificar indicios de prueba y contribuir con todo ello a que no se llegara al fondo de la resolución de este caso.

Para uno de los integrantes de la defensa de Murillo Karam, es una pretensión que no tiene sustento la petición de que se impongan a su cliente más de 80 años de prisión como condena en el proceso que se le sigue de la primera causa penal por los delitos de tortura, contra la procuración de justicia y desaparición forzada.

Según fuentes judiciales, la solicitud fue formulada con base en criterios judiciales que sostienen que se debe aplicar la legislación vigente en materia de desaparición forzada, además de tener como base consideraciones de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, que dependen de la Secretaría de Gobernación. La solicitud tendrá que ser revisada en audiencia por el juez del caso en el momento procesal, indicaron.

Murillo Karam está preso en el Reclusorio Norte desde el 20 de agosto de 2022, un día después de que fue detenido afuera de su domicilio por efectivos de la Secretaría de Marina y de la Policía Federal Ministerial en cumplimiento de la orden de captura entregada por el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, quien lo vinculó a proceso y a su vez le negó el beneficio de la prisión domiciliaria debido a que prevalece el riesgo de fuga.

De acuerdo con datos vertidos en su momento en la audiencia inicial por los agentes del Ministerio Público Federal, el ex procurador realizó o autorizó acciones que afectaron las investigaciones para localizar a los 43 normalistas que fueron privados de su libertad por policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, Guerrero, y luego los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos.

Además, presuntamente supo de actos de tortura cometidos contra supuestos implicados en el ataque a los estudiantes y no realizó las denuncias correspondientes, lo que habría incidido en su desaparición.