Por Andrés Salas
Cuernavaca, Morelos; 01 de noviembre 2025 – La reciente remoción de Miguel Ángel Pélaez Gerardo como encargado de despacho de la Secretaría de Gobierno de Morelos, tras el sensible fallecimiento del Dr. Juan Salgado Brito, no es un simple cambio de nombres en el organigrama. Es un llamado de atención, un semáforo en rojo que la gobernadora Margarita González Saravia atendió con urgencia para limpiar la imagen de su administración.
La información que trascendió sobre la conducta de Pélaez durante su gestión como Subsecretario de Gobierno, es sumamente grave y pinta el retrato de un funcionario que utilizó su puesto no para servir, sino para servirse. Se señala que Pélaez exigió supuestamente a, al menos, cinco Presidentes Municipales la asignación de obra pública a una empresa de su círculo cercano. El «favor» a cambio: su supuesta ayuda para resolver conflictos de los Alcaldes. En la jerga política, esto tiene un nombre claro: tráfico de influencias y posible extorsión.
Pero la trama de corrupción y desorden en la Subsecretaría no termina con las obras. La llegada de Pélaez trajo consigo una dinámica disfuncional y autoritaria, pues una colaboradora muy cercana al exfuncionario —cuya relación exacta se desconoce, pues no sé si es su esposa, novia, amiga o secretaria, se convirtió en la verdadera tomadora de decisiones en la oficina.
Peor aún, esta persona ejercía violencia laboral contra sus propios compañeros, y solo se dedicaba a atender personalmente «asuntos delicados» como el de la cementera de Xochitepec y otros intereses particulares del Subsecretario. Esta situación no solo evidencia un abuso de poder y la creación de un clima laboral tóxico, sino que sugiere la operación de un esquema paralelo de negocios desde una oficina pública. Los propios trabajadores lo confirmaron: era ella quien mandaba.
La celeridad con la que la gobernadora González Saravia actuó, nombrando a un nuevo titular de la Secretaría de Gobierno apenas unos días después de que Pélaez asumiera como encargado de despacho, es un acierto de Margarita González Saravia, pues demuestra que su administración tiene la intención de no tolerar estas prácticas. El informe sobre las «malas prácticas» de Miguel Ángel Pélaez que recibió la Gobernadora fue, a todas luces, contundente.
Sin embargo, el problema no se resuelve con solo quitarle el interinato. El verdadero desafío de la Gobernadora es extirpar al funcionario de su gobierno por completo.
Si Miguel Ángel Pélaez Gerardo es reubicado o se le permite volver a su puesto como Subsecretario de Gobierno o en cualquier otra dependencia estatal, existe el riesgo real de que la corrupción continúe con un cinismo aún mayor. Un funcionario que opera pidiendo obras a alcaldes y que delega el poder de la oficina a una colaboradora que ejerce violencia laboral ha demostrado que sus intereses están muy por encima de la ética y la ley.
La Gobernadora Margarita González Saravia tiene la obligación de demostrarle a los morelenses que su gobierno es diferente. Debe deshacerse de este tipo de personajes que solo llegan para poner en mal a la Cuarta Transformación y que ensombrecen los primeros pasos de su administración. La justicia y la rendición de cuentas deben ser la prioridad. La permanencia de Pélaez en cualquier cargo público es un riesgo inadmisible. Ya lo decía mi abuelita: «Por algo Dios no le puso alas a los alacránes». Hasta la próxima.