•Propone tipificar la violencia digital y reforzar la prevención en escuelas.
Cuernavaca, Morelos; 19 de marzo de 2026. La diputada Jazmín Solano López presentó dos iniciativas de reforma enfocadas en la prevención de la violencia y el fortalecimiento del apoyo psicológico y emocional para niñas, niños y adolescentes en Morelos. Las propuestas surgen de las demandas expresadas en la Consulta Infantil y Juvenil 2024 del INE, donde participaron más de 244 mil menores, quienes pidieron mayor seguridad, inclusión y respeto.
Durante una rueda de prensa en el Congreso local, la legisladora destacó que este ejercicio democrático alcanzó una participación histórica, al representar el 50.39 por ciento de la población de entre 3 y 17 años en la entidad. Subrayó que las infancias han identificado problemáticas y planteado soluciones claras, lo que obliga a las autoridades a traducir esas voces en acciones legislativas.
Solano López explicó que las propuestas se estructuran en tres ejes principales: la creación de espacios comunitarios seguros, el cuidado del medio ambiente y los animales, así como la prevención de adicciones. A partir de ello, dijo, se construyeron las iniciativas que buscan atender de manera integral las necesidades de este sector de la población.
La primera iniciativa contempla reformar la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar, con el fin de tipificar la violencia cibernética híbrida y garantizar atención psicológica y emocional inmediata a las víctimas. La segunda propone modificar la Ley Estatal para la Convivencia y Seguridad de la Comunidad Escolar, incorporando campañas obligatorias contra la violencia psicológica y verbal, capacitación docente anual y la instalación de buzones de denuncia anónima en escuelas.
Finalmente, la diputada enfatizó que estas reformas no implican la creación de nuevas estructuras ni mayores gastos, sino la optimización de los recursos existentes con enfoque preventivo. Afirmó que las iniciativas responden directamente a las voces de niñas, niños y adolescentes, por lo que legislar con base en su participación es un deber ético y jurídico.