•El Congreso estatal avaló reformas para desaparecer el IMIPE y crear la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en medio de posturas a favor y en contra por el impacto en la transparencia.

Cuernavaca, Morelos; 12 de diciembre de 2025. Con el objetivo de avanzar en la simplificación administrativa en Morelos, las y los diputados de la LVI Legislatura aprobaron un dictamen que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución local y de la Ley Orgánica de la Administración Pública, para crear la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. La iniciativa, presentada por el Poder Ejecutivo, contempla la extinción del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), al tiempo que garantiza el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales, ahora bajo la tutela de distintos entes gubernamentales.

Durante la sesión ordinaria, el Pleno avaló el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación que deroga el artículo 23-A de la Constitución estatal. Legisladores que respaldaron la reforma destacaron que la nueva Secretaría permitirá concentrar funciones de vigilancia, control y rendición de cuentas, así como prevenir y sancionar actos de corrupción, al simplificar procesos y optimizar recursos dentro de la administración pública.

No obstante, la reforma generó posturas encontradas. Diputadas y diputados de oposición advirtieron que la desaparición del IMIPE representa un retroceso en materia de transparencia, derechos humanos y equilibrio institucional, al eliminar órganos autónomos que funcionaban como contrapesos. Señalaron que trasladar estas funciones al Poder Ejecutivo podría comprometer la imparcialidad y debilitar la rendición de cuentas, por lo que algunos grupos parlamentarios votaron en contra de la iniciativa.

En contraste, legisladores de la mayoría defendieron que la reforma obedece a una armonización constitucional de carácter federal y no implica un retroceso en transparencia, sino su fortalecimiento. Afirmaron que la rendición de cuentas será obligatoria para todos los entes que manejan información y recursos públicos. Las reformas constitucionales serán remitidas a los ayuntamientos para su aprobación conforme a la ley y, de obtener el aval requerido, se realizará la declaratoria de validez y su posterior publicación oficial.