•Diputados de Morelos votamos a favor para regresar la paz: Juan Ángel Flores Bustamante.

Ciudad de México, 29 de octubre 2025- La Cámara de Diputados de México aprobó ayer, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, legislación que busca homologar el tipo penal en todo el país y establecer un marco jurídico más robusto contra este flagelo. El dictamen, aprobado en lo general y en lo particular, fue remitido al Senado de la República para su análisis. La nueva ley establece que la extorsión y delitos vinculados se perseguirán de oficio, eliminando la necesidad de una querella formal de la víctima, y contempla la creación del Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión para facilitar las denuncias anónimas.

El Diputado por Morelos, Juan Ángel Flores Bustamante, dijo que la ley es crucial para unificar la definición y persecución del delito de extorsión a nivel nacional, ya que faculta al Congreso para legislar en esta materia. Además de la persecución de oficio, la legislación niega beneficios preliberacionales o conmutación de la pena a los sentenciados por extorsión, buscando garantizar el cumplimiento efectivo de las sanciones.

No obstante, en la discusión en lo particular, se generó polémica por la suavización de las penas inicialmente previstas para los servidores públicos que resulten cómplices del delito o que omitan denunciarlo.

Esta controversia motivó críticas de la oposición, que señaló la necesidad de endurecer las sanciones contra los funcionarios coludidos para enviar un mensaje firme contra la corrupción interna. A pesar de los señalamientos sobre las penas y la falta de un presupuesto adicional para su implementación, la aprobación marca un avance significativo. La ley busca atacar la extorsión en sus diversas modalidades, un delito de alto impacto que afecta la economía y la paz social en México.

Tras su aprobación en San Lázaro, la «Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión» avanza ahora a la Cámara de Senadores. Si el Senado la ratifica sin modificaciones, será enviada al Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación, marcando un hito en la estrategia de seguridad pública del país.