La senadora por Morelos, Lucy Meza Guzmán, expresó que la creación de un Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, abonará a atender problemáticas de incumplimiento y generará un cambio normativo y sustancial que tiene como último y primordial interés, el de proteger y garantizar el derecho a los alimentos a los niños y adolescentes.

El tema de la pensión alimenticia, sostuvo la Senadora morenista, será abordado en el pleno por los legisladores con el objeto de fortalecer su ejecución y garantizar su oportuno cumplimiento de manera homologada en México y asumiendo el deber de tomar medidas para solucionar conflictos que atenten contra las familias mexicanas.

“Las obligaciones alimentarias son imprescriptibles e irrenunciables y en materia de protección de las niñas, niños y adolescentes; es que resulta por demás necesario, por no decir urgente, aprobar este proyecto”, acotó.

Asimismo, enlistó que el proyecto de decreto que presentarán las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado de la República, reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de pensiones alimenticias,

Establece que el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias será operado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y definirá los lineamientos para que Congresos Locales y los Tribunales Superiores de Justicia de las Entidades Federativas y de la Ciudad de México, armonicen sus marcos normativos correspondientes.

Lucy Meza, detalló que con la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, los tres órdenes de gobierno y en el ámbito de sus competencias, dispondrán lo necesario a fin de establecer como requisito la presentación del certificado de no inscripción en el Registro en trámites y procedimientos como: Obtención de licencias y permisos para conducir; de pasaporte o documento de identidad y viaje; para participar como candidato a cargos de elección popular; para participar como aspirante a cargos de jueces magistrados en el ámbito local o federal.

También, dijo, que se realicen ante notario público relativos a la compraventa de bienes inmuebles y la constitución o transmisión de derechos reales, y en las solicitudes de matrimonio, el juez del Registro Civil hará del conocimiento si alguno de los contrayentes se encuentra inscrito en el Registro, mencionando la situación que guardan respecto de las obligaciones que tiene.

En el dictamen, de igual manera se destaca el hecho que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un acto sin precedente, reconoció la validez de la Ley 3 de 3 en torno a la acción de inconstitucionalidad 98/2022, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de diversas disposiciones a las leyes de la Comisión de Derechos Humanos, de Instituciones y Procedimientos Electorales, Transparencia, Acceso a la Información Pública, Partidos Políticos y el Código de la Administración Pública todas del estado de Yucatán en el tema de deudores alimentarios, restricción la cual determinó la Corte que “no es absoluta”, sino que su actualización está condicionada a que el deudor alimentario moroso cancele la deuda”.

La senadora por Morena, concluyó que tal minuta parlamentaria precisa también que la calidad de deudor moroso se difundirá en el Registro que será público con base en lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.