•La organización Morelos Rinde Cuentas lamentó el respaldo de Víctor Mercado Salgado y Juanita Guerra Mena a la reforma sobre identidad gráfica gubernamental, al advertir que sus vaguedades atentan contra el debate público y la labor periodística.

Por Andrés Salas

Cuernavaca, Morelos; 02 de octubre 2026 – El Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas expresó su enérgico rechazo ante la reciente aprobación en el Senado de la República de la reforma sobre identidad gráfica gubernamental, celebrada el pasado 30 de septiembre. La organización condenó abiertamente el voto a favor emitido por los legisladores representantes del estado de Morelos, Víctor Aureliano Mercado Salgado, del partido Morena, y Juanita Guerra Mena, del Partido Verde. A través de un pronunciamiento oficial, la agrupación lamentó la postura de ambos senadores al considerar que avalaron una medida que censura directamente la crítica y atenta contra el ejercicio libre de la libertad de expresión.

El posicionamiento retoma las alertas emitidas por la organización internacional ARTICLE 19, la cual advirtió sobre los serios inconvenientes y riesgos de esta iniciativa. Entre los principales focos de preocupación destacan la ambigüedad en la redacción de la norma, la cual permite interpretaciones amplias por parte de las autoridades, así como el riesgo latente de hostigamiento contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Asimismo, se señaló que el temor a sanciones penales imprecisas provocará un clima de autocensura que desalentará la fiscalización y la crítica hacia los gobiernos.

Morelos Rinde Cuentas enfatizó que la entidad merece representantes populares comprometidos con la defensa de las libertades ciudadanas, el análisis riguroso y el debate público. La ONG hizo hincapié en que, si bien la reforma contempla condicionantes como el uso a escala comercial o la intención de cometer un ilícito, carece de garantías claras para proteger el uso informativo, satírico o periodístico de los símbolos oficiales, lo que deja una puerta abierta para utilizar el aparato penal como una herramienta de persecución política y censura discrecional.

Por último, la organización civil hizo un llamado a la ciudadanía y a los actores políticos a exigir un marco normativo que garantice el derecho a la información de manera precisa y sin cortapisas. Insistieron en que la libertad de expresión requiere salvaguardas legales transparentes y que no es justificable imponer penas de prisión ni restricciones desproporcionadas en asuntos que podrían resolverse mediante la vía administrativa o civil, por lo que mantendrán la vigilancia sobre el impacto que este tipo de legislación pueda generar en el estado y a nivel nacional.