•Ayer presentó la propuesta ante el pleno para que quien cometa el hecho, lo pague con cárcel.

Cuernavaca, Morelos; 16 de mayo 2025 – El diputado local Gerardo Abarca Peña, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del estado de Morelos con el objetivo de tipificar como delito la difamación digital. La propuesta busca imponer penas de prisión de tres a seis años y multas que oscilan entre 300 y 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) a quienes difundan información falsa a través de redes sociales, plataformas digitales, medios electrónicos o cualquier otro medio de comunicación digital, lesionando la dignidad, el honor o la reputación de otra persona.

En su exposición de motivos, el legislador Abarca Peña argumentó que la difamación en línea causa un daño significativo a la reputación, con profundas repercusiones en la vida personal y profesional. Subrayó que la naturaleza digital de estas acciones dificulta la comprobación de los hechos debido a la falta de testigos presenciales.

La iniciativa contempla un incremento de hasta la mitad de las penas si el delito se comete de forma anónima, utilizando identidades falsas o redes automatizadas, o si la víctima es una figura pública, periodista o servidor público en ejercicio de sus funciones.

No obstante, la propuesta establece una excepción al señalar que no se considerará difamación digital las expresiones emitidas en ejercicio del derecho a la libertad de expresión con fines informativos, de crítica política o de interés público, siempre que las publicaciones se basen en hechos verificables.

Durante la sesión ordinaria, el diputado panista enfatizó que la difamación digital se propaga con una velocidad y alcance superiores a otros medios, generando daños sociales, profesionales y económicos, además de vulnerar la honra y propiciar linchamientos mediáticos. Abarca Peña señaló que el marco legal actual se ha quedado rezagado ante los avances tecnológicos.

El legislador aseguró que su iniciativa no busca censurar ni restringir la libertad de expresión, sino establecer un marco de responsabilidad para que el ejercicio de la palabra no se convierta en un instrumento de daño personal impune, sino en una práctica digna, informada y respetuosa.