•Se abordó el tema “¿Qué es la Tortura? y Responsabilidades de las Personas Servidoras Públicas en la comisión del Delito de Tortura”

En un trabajo coordinado, la Secretaría de Gobierno del estado de Morelos, y de Gobernación del Poder Ejecutivo federal, capacitaron a personal operativo y administrativo de la Fiscalía General del Estado (FGE), con el tema denominado “¿Qué es la Tortura? y Responsabilidades de las Personas Servidoras Públicas en la comisión del Delito de Tortura”.

Lo anterior, con el objetivo de fortalecer los conocimientos de las y los servidores públicos, a fin de brindar atención especializada a las víctimas del delito antes mencionado.

Además, de dar cumplimiento a las instrucciones de la gobernadora Margarita González Saravia, con lo establecido en el Programa Anual de Trabajo 2025, relacionado con la Estrategia Nacional contra la Tortura entre el Gobierno Federal y los estados.

En tal sentido, Fernando Bizarro González, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, manifestó el compromiso de no permitir violaciones a los derechos humanos, a través de actos relacionados con la represión, el uso ilegitimo de la fuerza, entre otros.

“Seguiremos impulsando acciones de prevención y denuncia que permitan combatir de manera frontal los actos de tortura”, acotó.

Por su parte, Karen Urueta Mandero, directora general de Control, Seguimiento y Trámites Institucionales de la FGE, detalló la importancia de esta actividad, a través de la cual se fortalece el perfil profesional del funcionariado, a fin de que pueda llevar a cabo actos de investigación idóneos y pertinentes para esclarecer un hecho.

Los representantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, coincidieron en que es necesario que los agentes de Ministerio Público, policías de Investigación Criminal, peritos y auxiliares administrativos de los organismos de procuración de justicia, conozcan las herramientas que les permitirán implementar los protocolos correspondientes, para evitar que se cometan irregularidades en materia de derechos humanos, durante las actuaciones.